Hacia una gestión social de nuestra ciudadanía económica

Juan Escobar

(Agosto de 1999)

La comunidad debe ser conscientemente organizada.

Los pueblos que carecen de organización pueden ser

sometidos a cualquier tiranía. Se tiraniza lo inorgánico,

pero es imposible tiranizar lo organizado. Además,

como una vez lo expresé, la organización es lo único

que va más allá del tiempo y triunfa sobre él.

Juan Perón

(Modelo Argentino para el Proyecto Nacional).

La víscera más sensible del hombre es el bolsillo.

JDP

1. CIUDADANÍA ECONÓMICA
Hoy los consumidores comienzan a cobrar una mayor relevancia en la escena social de nuestro país. Es que a instancias del impulso de la globalización económica, se está estableciendo una nueva ciudadanía global.

En un contexto internacional donde se hablaba de la muerte de las ideologías a partir de la transnacionalización del capitalismo surgió la economía como la nueva ideología dominante. Su finalidad es el lucro y lo que persigue es la hegemonía de las relaciones comerciales, que se sustenta en una dinámica del consumo.

Podría decirse que el capitalismo se expande por contaminación, generando esas nuevas formas de identidad, de ciudadanía. Esta ciudadanía económica es una concepción abiertamente antidemocrática. El reconocimiento del ciudadano -la incorporación o la exclusión social- depende de su capacidad de consumo. Algo así como una suerte de democracia accionaria, donde todos somos socios. Y paradójicamente, una mínima proporción del conjunto son socios mayoritarios.
En la escala más baja de la pirámide económica, las acciones son fragmentadas en capacidad de consumir una amplia gama de productos, aunque en su mayoría virtuales, en un marasmo de la cultura de la imagen.
"El sistema habla en nombre de todos, a todos dirige sus imperiosas órdenes de consumo, entre todos difunde la fiebre compradora; pero ni modo, para casi todos, esta aventura comienza y termina en la pantalla del televisor (Eduardo Galeano, en "Patas Arriba, la escuela del mundo del revés". Catálogos, Buenos Aires, diciembre de 1998, pág. 256)".
Pero en un mundo donde se establece globalmente la ciudadanía económica, para nosotros continúa siendo una ecuación difícil de comprender.
Nuestra democracia de hoy se encuentra en un clima que podríamos definir de aturdimiento. En dieciséis años de la más reciente experiencia democrática, hemos recuperado las instituciones republicanas y la estabilidad económica. Dos logros que, por modestos que parezcan enunciados así, en 1983 y en 1989 respectivamente, parecían utopías inalcanzables. Las situaciones que habían dado sentido a estas necesidades, les habían conferido el título de solución a todos nuestros males.
Este es un problema político bastante difundido entre las jóvenes democracias latinoamericanas. Y la fragmentación social que se evidencia en nuestros países es la contrapartida de la unificación en segmentos de consumo de la ciudadanía económica.
Así se nos ha diseminado en pequeñas identidades no siempre comunicadas entre sí. Lo cual se hace evidente entre los más jóvenes, con su masivo nivel de despolitización, agrupados mayoritariamente en torno de banderías tribales, diversas y múltiples, generalmente relacionadas con tendencias musicales, con el mundo del deporte u otros fenómenos de consumo.
Hoy la publicidad es parte de nuestra vida cotidiana. En su incansable misión cuantificadora, el marketing atiende a las tendencias y se orienta diariamente a públicos nuevos. "Las personas se vuelcan a la televisión, se tornan consumidores atomizados y por lo tanto vulnerables ante la manipulación política (Edward Luttwak, autor de "El turbocapitalismo", reportaje en Clarín, 8 de agosto de 1999)".
Sin embargo, entre nosotros, puede verse surgir una cierta conciencia con relación a la ciudadanía económica, o como suele denominársele comúnmente, a nuestro papel de consumidores.
Lo estamos aprendiendo a los golpes, como nos ha ocurrido a menudo en nuestra historia. Y esa conciencia brota en el costado más vulnerable, donde las elecciones, cuando las hay, no suelen ser tantas. Es justamente en la faceta de usuario de servicios, muchas veces monopólicos, sujetos a contratos en términos mezquinos o claramente leoninos, en calidad y costos.
Hoy asistimos a inevitables aumentos en servicios, o cortes de electricidad zonales sin posibilidad de solución o "simples anécdotas" como los veinte millones de pesos en centavos de vuelto que no reintegran los teléfonos públicos.
Y el Estado no ha sabido, no ha querido o no ha podido establecer reglas de juego que posibiliten una mayor equidad. El resultado es de esperar: el ciudadano económico se siente desprotegido por parte de la política y puede llegar a desertar de su compromiso. Porque es más fácil dejar de ir a votar y desentenderse del destino común, que dejar de ser un consumidor -por las múltiples elecciones aparentes de la vida cotidiana- o un usuario -por fatalidad del destino-.

2. MARTÍNEZ DE HOZ, EL EJECUTOR
Nos vemos en este punto de la historia y puede surgir la pregunta acerca de cómo llegamos a esto.
La batalla decisiva -que perdimos- no fue hace mucho tiempo. Comenzó, más precisamente en los primeros días de abril de 1976, cuando asumía la cartera de economía un ministro que cambió la historia argentina.
Porque la instalación forzada de la ciudadanía económica fue el principal "logro" de la política de José Alfredo Martínez de Hoz, quien gobernaba desde el poder real de la economía transnacionalizada.
Era la única ciudadanía permitida, e incluso promovida. Con una ciudadanía civil acotada, una ciudadanía política proscripta y una ciudadanía social demonizada, la ciudadanía económica aparecía flamante e inmaculada.
Se la fija como único ámbito de la soberanía, restableciendo así el reino hegemónico de la cantidad monetaria, donde una persona no existe en cuanto a su participación social ni política, que incluso se constituyó en un factor de riesgo para perder la identidad civil.
Es que tenían como bandera una libertad restringida social y políticamente, sacrificada en honor de la única libertad considerada verdadera: la libertad económica. Imponiendo a la sociedad una vida como la de Martín Fierro en la Ida. Casi podría decirse, con Scalabrini, que eran los mismos de entonces. Cuyo despliegue más espectacular había poblado la década infame de galeras y fraques.
Habían vuelto. Finalmente parecían estar ganando. Porque las sucesivas dictaduras que ha sufrido nuestro país a lo largo de este siglo, y particularmente la última, han tenido por objeto incrementar la concentración económica y establecer las condiciones de posibilidad para un capitalismo sin condicionamientos, para lo cual se intentó exterminar cualquier foco de posible resistencia.
El "proceso" lo ejecutó llevando a cabo una reconversión del sistema económico en sistema financiero, con lo cual la economía pasó a ser una ficción. Aunque la única ficción posible.
Porque, tras las diversas mutilaciones, la ciudadanía económica era la única que quedaba en pie. A la única que se le daban garantías. El resultado fue la anomia del conjunto social, que ya no podía pensarse a sí mismo en los términos de solidaridad que utilizaba hasta el momento, en gran medida por influencia del peronismo.

3. EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA
Con el regreso de la democracia recuperamos la ciudadanía civil y política, en la culminación de una lucha que había iniciado un importante sector del movimiento obrero. No es casual que un tercio de los desaparecidos durante la dictadura hayan sido de extracción gremial, es decir que se definían por su condición social, o mejor aún por su pertenencia a determinadas organizaciones de carácter social, las que integran el sindicalismo.
Los procesos de sindicalización de los trabajadores siempre tuvieron como objetivo una mejor calidad de vida, una afirmación de su ciudadanía social. A esto se le oponía la idea de maximización de las ganancias, lo que Perón llamaba el "afán desmedido de lucro".
La propia dinámica del industrialismo fue relativizando la incidencia de los trabajadores en la producción. Desde la aparición de la máquina, había llevado a que la automatización reemplazara progresivamente la participación necesaria del factor humano. De esta manera se ha ido transformando el mundo del trabajo con las consecuencias por todos conocidas.
Al mismo tiempo, la producción masiva impulsaba la universalización del consumismo, sin importar la gente que muere -o apenas sobrevive- más allá de las fronteras de la república del consumo, ya que se trataría del eterno campo donde se desarrolla la beneficencia.
A partir de 1989 la Argentina se reinsertó como país en la economía internacional. Pero lo que no se ha terminado de recuperar es la ciudadanía social, a quien había venido a sustituir la ciudadanía económica con quien estableció una nueva contradicción fundamental.
Porque la ciudadanía social establece que una persona por el solo hecho de ser un ciudadano político tiene derecho a un piso de dignidad, tiene toda a una serie de derechos que aparecen por primera vez en la Constitución Argentina con la reforma de 1949. Esa afirmación, esa expresión social de una ciudadanía, se caracterizó en Argentina por una voluntad de legislar y garantizar la aplicación de las leyes. Porque el reconocimiento político es lo que hace a la existencia de la ciudadanía social y se manifiesta a través de las leyes que lo posibilitan.
Hoy los consumidores tienen una identidad que guarda ciertas similitudes a lo que fueron los trabajadores en otro momento de la historia. Por eso se puede conjugar la experiencia de aproximadamente los últimos cincuenta años de las organizaciones sociales, que sobrevivieron a todos los intentos de destruirlas. Que siguen existiendo, porque tienen sus raíces en nuestra sociedad y por eso mismo pueden jugar un papel central en la reconstrucción de la ciudadanía social.

4. PERÓN, LA ORGANIZACIÓN.
La misma dispersión que facilitaba la explotación de los trabajadores con anterioridad al nacimiento del peronismo, es la que hoy hace posible que la rapacidad de unos pocos se desenvuelva frente a la casi permanente impasibilidad de una sociedad que reacciona sólo esporádicamente. Y nuestras reacciones como sociedad suelen ser por lo general violentas y agotarse en la coyuntura.
Otra opción es encauzar ese potencial en un sentido constructivo, mediante la organización. Que es precisamente lo que hizo Perón con el movimiento obrero. Posiblemente, una alternativa viable para comenzar a gestionar socialmente nuestra ciudadanía económica.
Perón se encontró con el potencial importante que significaban los trabajadores. En los años '40, con un incipiente desarrollo industrial en la Argentina, el trabajador era un factor clave del proceso productivo. De allí que esto significaba una suerte de poder que, sin embargo, desaparecía por la misma fragmentación. Un poder que no se diferenciaba porque las tasas de sindicalización eran bajísimas, por la persecución que sufría el sindicalismo, considerado una actividad ilegal.
Dividido, con dos centrales enfrentadas entre sí, los sindicatos no podían generar alternativas en una etapa de dispersión. Perón, frente a esto, fundamenta su acción en la idea de que sólo la organización posibilita el acceso al poder social, e incluso al poder político. Lo que hace, entonces, el primer peronismo es organizar al movimiento obrero como actor social, partiendo de la extensa labor legislativa que desarrolla Perón durante su gestión a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Establece de esta manera una organización para los trabajadores donde la concentración de poder social se basa en la unidad de acción de una estructura que abarcaba federativamente la totalidad de la geografía nacional económicamente activa. Este es un ejemplo que puede tenerse en cuenta a la hora de generar una representación efectiva de la nueva mayoría dispersa que encarnan hoy consumidores y usuarios.
A partir de ahí surge un actor social que sobrevivió incluso al régimen político que le dio origen y que fue luego la columna vertebral de la resistencia durante toda la etapa de proscripción.
Pero hoy no existe un actor social cohesionado y complementario a la misión histórica de los trabajadores -último registro de la ciudadanía social- que además, por la precarización de las condiciones de trabajo, se ha ido deteriorando fuertemente. Además, la desocupación funciona por un lado descartando a las personas que no se adecuan a las crecientes exigencias del mercado y por otro, como una amenaza para los trabajadores que temen perder su trabajo y pasar a ser excluidos sociales; una exclusión que deviene en descreimiento político.

5. UNIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Organizar a los consumidores puede constituir una alternativa de acción social y movilización democrática en relación con la ciudadanía económica cuya presencia ya no podemos desconocer.
Nuestra identidad en este fin de siglo se presenta como plural. Y de este reconocimiento debe partir una práctica de respeto por las diferencias que ayude a construir a partir de esa diversidad. Porque si la realidad no es unívoca, tampoco pueden serlo los medios para transformarla.
Hoy necesitamos una mayor participación social, en instituciones sociales, regenerando una dinámica de incorporación y protagonismo, con nuevos ámbitos de pertenencia. Para dar cauce a nuestro potencial creativo y generar un pensamiento estratégico de participación.
Una de las manifestaciones fundamentales del progreso social en nuestro país ha sido el alto grado de organización alcanzado por los trabajadores. Pero ésta no ha sido una experiencia aislada. Engloba todo lo que se comprende en el término de iniciativa social, aquello que suele denominarse vagamente como tercer sector. Un ámbito que tiene en su haber una experiencia y una historia que no puede pasarse por alto.
Particularmente porque es fundamental para revitalizar los mecanismos democráticos en tiempos donde se han debilitado los lazos que unen a la sociedad con el sistema político que debe atender a sus necesidades.
Poniendo a prueba nuestra capacidad de generar nuevos ámbitos de fuerte pertenencia, articulando consensos amplios que operen como contención a partir de acciones concretas, que se expresa en capacidad legislativa desde la sociedad y atendiendo las necesidades reales de la población. Para esto es esencial potenciar la iniciativa, recrear el compromiso y multiplicar la organización de carácter popular, libre, y democrática de nuestra sociedad.
Una organización abierta que agrupe federativamente a consumidores y usuarios de todo el país, debido a su universalidad, debe cubrir las exigencias sociales de transparencia en su desarrollo, con participación de las minorías en la auditoría de la gestión. Dando lugar así a una nueva estructura de organizaciones sociales de participación ampliada que brinden una respuesta a preocupaciones actuales.
Hoy -como en 1943- hay que partir de lo existente. Tomar como base el reconocimiento legal de la defensa de los consumidores y las organizaciones sociales que la encarnan. No es poco lo que tenemos.
Con sus limitaciones, la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, es una herramienta importante. En su Art. 56 se establecen los objetivos a perseguir por las organizaciones "que tengan como finalidad la defensa, información y educación del consumidor": a) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional, provincial o municipal, que hayan sido dictadas para proteger al consumidor; b) Proponer a los organismos competentes el dictado de normas jurídicas o medidas de carácter administrativo o legal, destinadas a proteger o a educar a los consumidores; c) Colaborar con los organismos oficiales o privados, técnicos o consultivos para el perfeccionamiento de la legislación del consumidor o materia inherente a ellos; d) Recibir reclamaciones de consumidores y promover soluciones amigables entre ellos y los responsables del reclamo; e) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la justicia, autoridad de aplicación y/u otros organismos oficiales o privados; f) Asesorar a los consumidores sobre el consumo de bienes y/o uso de servicios, precios, condiciones de compra, calidad y otras materias de interés; g) Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores. En los estudios sobre controles de calidad, previo a su divulgación, se requerirá la certificación de los mismos por los organismos de contralor correspondientes, quienes se expedirán en los plazos que establezca la reglamentación; h) Promover la educación del consumidor; i) Realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protección de los intereses del consumidor".
No son objetivos banales para ninguna organización social que los asuma. Menos aún teniendo en cuenta la incorporación constitucional en la reforma de 1994 en el Artículo 42:
"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control". Incluso la financiación está prevista en la Ley Nº 24.240 cuando permite al Estado nacional "disponer el otorgamiento de contribuciones financieras con cargo al presupuesto nacional a las asociaciones de consumidores para cumplimentar con los objetivos mencionados" (Art. 62). ¿O sería imposible destinar una parte del IVA -nuestro impuesto al consumo- para impulsar la defensa del consumidor, ya que la ley lo permite?
Las organizaciones de defensa del consumidor existentes deberían ser necesariamente la base de la representación territorial, participando con listas en las elecciones abiertas donde se definan las conducciones de posibles Uniones Territoriales de Consumidores, con jurisdicción en unidades de aproximadamente cien mil habitantes. Lo cual significaría un claro incentivo para la formación de nuevas organizaciones, en todo el espectro del campo social. A su vez, estas Uniones Territoriales podrían federarse en Uniones Provinciales que conformarían la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios.
De esta manera, la representación de Consumidores y Usuarios, entre otras cosas, podría participar orgánicamente de una concertación social con empresarios, trabajadores y el Estado, así como trabajar directamente con los defensores del pueblo -de cada ámbito de aplicación donde existieran- para institucionalizar lo que se plantea en las leyes vigentes y garantizar la aplicación de lo que garantiza la Constitución Nacional.
Porque siempre queda el camino de la autodeterminación. Una elección que puede ser el homenaje más constructivo a todos aquellos que dieron su vida por la causa nacional y popular.