Como si nada hubiera sucedido

Juan Escobar

Ay viejo, en este juego
a mí siempre me toca perder...
(G. Fernández Capello)

Cada vez que un aumento de tarifas recorta una parte más del bolsillo del ciudadano común, surgen voces airadas que se lamentan señalando "una vez más los que pierden son los consumidores". El perjuicio de los consumidores es la regla básica de la dinámica de concentración económica que el modelo implantó desde la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El de consumidor es el lugar asignado por el modelo a los ciudadanos comunes.

Más allá de las medidas coyunturales, la gestión del primer ministro de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, se caracterizó por asumir el desafío de generar una mutación genética en la sociedad. Uno de los hermanos Aleman, expresó que el objetivo central era terminar con la influencia de las organizaciones sindicales, porque eran una malla de contención frente a la globalización de la economía y a la instalación de un modelo que beneficiara a una minoría al costo de poner la bandera de remate a todo lo que se pudiera desmontar en el país.

La dictadura, con su estilo fascista y criminal, exponía un enemigo ideológico que podía identificarse con la denominación difusa de subversión. Con límites tan borrosos que podían incluir a cualquiera, dependiendo de la discrecionalidad de un poder usurpado por una banda que se encargó de hacer el trabajo sucio desde las estructuras del Estado y de sus instituciones.

Pero además del enemigo ideológico declarado, la dictadura visualizó un enemigo económico, los trabajadores y especialmente las organizaciones sindicales que formaban parte de las estructuras de un esquema más equitativo en cuanto a la distribución de las riquezas, cercano al 50 por ciento para el trabajo y otro tanto para el capital.

Para decirlo de otra manera, un país con niveles de pobreza y exclusión social que, visto desde el 60 por ciento de sumergidos en la Argentina de hoy, pueden parecernos ínfimos. Una Argentina donde todavía quedaba en pié gran parte de las realizaciones del Proyecto Nacional llevado a cabo por el peronismo, al que había que erradicar de la historia y la vida del país para volver a las condiciones de la factoría próspera dependiente del imperio de turno de aquella época que todavía hay quienes intentan sostener.

Los psicópatas con vocación de élite que se instalaron entonces en el Ministerio de Economía cortaron por lo sano. Para terminar con el poder sindical, quebraron el aparato productivo que le daba sustento. Y como eso era una solución final a largo plazo, para la coyuntura contaban con el terrorismo de Estado que inundó el mercado de trabajo con el saldo de uno de cada tres desaparecidos provenientes de la militancia gremial (según datos del Nunca Más).

Había que dar un mensaje claro a la sociedad en cuanto a que la participación social en el mercado a través del trabajo venía a ser sustituida por la ciudadanía global de la participación en el consumo, con sus viajes de compras y los espejitos de colores de la plata dulce. "Señores, la única libertad es la de comprar o no comprar", dijo el ministro de facto Martínez de Hoz. Es interesante consultar su libro "Bases para una Argentina moderna". En otro libro, quince años después, se permitía el regocijo de sentirse realizado frente a la vista de la fiesta privada de los '90. El mundo soñado se había hecho realidad y le confería el lugar de pionero en eso de "romper el hielo", que así describe la instalación de una campo de concentración económica en el país.

El consumidor y el usuario que hoy somos nació por entonces en ese modelo de sociedad. Es más, si no tenemos trabajo, nos condenan a ser consumidores, porque la atención de nuestras necesidades se pueden canalizar exclusivamente a través del mercado. Aún muertos de hambre ese es el lugar que tenemos asignado.

Y así nos va. El consumidor y el usuario del Modelo de No-País están hechos para perder. La protección manifestada desde el inicio del modelo es la misma que la de tantas especies en peligro de extinción.

Tampoco es casual que la primera asociación de defensa del consumidor haya salido del entorno del ministro ejecutor, sirviendo de modelo para gran parte de las que se conformaron con posterioridad.

En este modelo, el consumidor no es sustentable en la medida que su participación en los mercados de consumo no tiene correlación con mercados de trabajo que permitan algo más que la subsistencia de una parte de la población. Y al usuario, en los mercados imperfectos de los servicios públicos, sólo le queda elegir entre aceptar las condiciones o quedar afuera del servicio, debido a que el Estado no tiene la fortaleza y los medios suficientes para una regulación efectiva.

El perjuicio del usuario continúa siendo la condición que identifica la dinámica de un modelo que agoniza desde hace varios años y no se termina de morir. La imperfección de los mercados de servicios públicos tiene que ver con la atomización de la demanda y la concentración de la oferta, con una consiguiente asimetría informativa y en tanto y en cuanto la toma de decisiones excluye a los beneficiarios / afectados que casualmente son los que ponen la plata.

El camino que viene marcando la sociedad civil es el de una recuperación de nuestro carácter fundacional de ciudadanos. Portadores de una ciudadanía que se define por la participación institucionalizada en las decisiones, sobre todo en aquellas que tienen que ver con nuestros propios intereses individuales y colectivos. Los mercados de servicios públicos pueden ganar transparencia y eficiencia en la medida que se mejoran los mecanismos de regulación por parte del Estado, aunque no se puede olvidar que atravesó un cuarto de siglo de desmantelamiento progresivo.

A la concentración de la oferta se le puede oponer una mejor organización de la demanda, generando las instancias de representación y organización social con reconocimiento expreso del Estado, de tal forma que permitan una participación efectiva de los ciudadanos en la negociación colectiva de las condiciones de prestación de los servicios públicos. Esto es, entre usuarios y prestadores con el arbitraje del Estado, para avanzar en el camino de una mayor democratización de las decisiones económicas, que bien puede ser la puerta de salida del modelo residual de concentración y exclusión que las mayorías nacionales quieren dejar definitivamente en el pasado.