por Juan Escobar
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Legislandia. El 1° de Marzo del 2014, en la Apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, la Presidenta de la Nación anunció, entre otras cosas, que este año el Poder Ejecutivo incorporaría a la agenda legislativa la discusión orientada a “sancionar instrumentos que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos”, dando así “cumplimiento por primera vez al artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que establece claramente la necesidad de proteger a usuarios y consumidores”.
Y como es una persona que si te lo dice te lo hace, cinco meses después ingresaron al Congreso Nacional tres proyectos destinados a efectivizar esa promesa. En uno de ellos, se plantea la reforma de la Ley de Abastecimiento. En otro, se crea un Observatorio de Precios en la órbita de la Secretaría de Comercio. En el tercero, se sientan las bases para la conformación de una Justicia del Consumo, así como hay una Justicia del Trabajo, pero no tanto. Pero considerados globalmente van en el sentido de regular el ejercicio de la posición dominante en los mercados de consumo del que venimos hablando.
Natural. Los proyectos no se habían terminado de leer cuando ya varias entidades que nuclean a empresarios pusieron el grito en el cielo. Sería extraño que frente a una propuesta legislativa tendiente a beneficiar a los consumidores no tuvieran la respuesta indignada de quienes ejercen efectivamente la posición dominante. También es tradicional que el poder económico plantee reiterativamente la necesidad de dejar libres a los mercados a su propia naturaleza y se los deje funcionar con su dinámica propia.
Naturaleza y dinámica que confluyen en la metáfora clásica de Adam Smith. Esa mano invisible del mercado que, subrepticiamente, genera -invariablemente- concentración económica y la exclusión social. Esa mano invisible que centrifuga a las sociedades volviendo cada vez más ricos a los más ricos y cada vez más pobres a los más pobres. Esa que le pega al consumidor y que por ser invisible el consumidor no la ve. Esa mano invisible que se mete en el bolsillo del consumidor para, sutilmente, apropiarse del excedente, aunque en el barrio le digan de otra forma.
Y es en el realismo mágico del consumo donde el Mercado le hace creer a la gente que una mano invisible es algo natural. El Comentarista de la Realidad se acuerda de León Felipe: “Yo no sé muchas cosas, es verdad; digo tan solo lo que he visto”. Y si bien, como es natural, el Comentarista nunca vio a la mano invisible del Mercado, lo que sí ha visto son las consecuencias de dejarla hacer lo que quiera.
Ahora resulta que lo llaman naturaleza; en otros tiempos a lo humano en estado de naturaleza alguno prefería denominarlo barbarie. Frente a la barbarie natural de los Mercados, la única herramienta civilizatoria es la democracia, con su mandato de igualdad. Un correctivo para esa dinámica “natural”. Un correctivo que puede resultar especialmente molesto para los creyentes del Mercado y su religión natural. Como si el hecho de que -pongamos- se trate de algo natural, como los fenómenos climáticos, nos obligue a aceptarlo incondicionalmente sin tomar ningún recaudo frente a los desastres individuales o colectivos que pueda ocasionar. Es natural, decía, y corría sin ropa por la nieve hasta que naturalmente se lo comió un oso.
Sombras terribles. Pero lo que más le llamó la atención al Comentarista de la Realidad fue otra cosa. Según recuerda, es la primera vez que se habla de defender al consumidor y se lo asocia con el peronismo. Peronismo y consumo en una misma frase y más que eso. Convengamos que no es lo más frecuente. ¿Un abordaje peronista al barco del consumo? Y era algo que no dejaba de hacerle ruido. No le terminaba de cerrar este paralelismo con el peronismo. Es como que había una pata que faltaba.
Viniendo de la Presidenta, no debiera sorprender, ya que al parecer tiene un punto de vista peronista para casi todo. Para el Comentarista de la Realidad se caracteriza en su acción política por ser sistemáticamente coherente con el peronismo que profesa. Un peronismo visceral, identitario, pero también procesado por la experiencia, la reflexión, la conceptualización. Algo así como una pasión racionalizada. Como sea, diría Doofenshmirtz. Ninguna novedad por ese lado.
La mayor insistencia en la cuestión vino de parte de un joven Secretario de Justicia. Atribuirlo al entusiasmo militante propio de esa etapa de la vida sería ningunear una capacidad -o al menos cierto brillo académico- bastante evidente.
También es cierto que se puede atisbar un claro sentido peronista en la creación de la Justicia del Consumo y es en cuanto complemento necesario de la Justicia del Trabajo. Es que ha sido típico del peronismo pensar el consumo meramente como en un derivado del trabajo y no como un fenómeno en sí mismo, con sus propias leyes. “Una sola clase de hombres, los que trabajan”; “cada uno debe producir al menos lo que consume”, dicta el catecismo.
Salario con fueros. A grandes trazos, si hay un atributo del peronismo clásico que ha estado presente en la última década de gestión gubernamental, es justamente la defensa del salario. Desde el punto de vista judicial, el ámbito es el llamado fuero del trabajo. De lo que se trata allí es del salario nominal que cobra el trabajador en el mercado de trabajo.
El nuevo fuero del consumo viene a completar el circuito abriendo un espacio judicial específico para la defensa del salario real, (que vincula el salario nominal con el nivel general de precios y expresa su poder adquisitivo) que es el que gasta el consumidor cuando adquiere productos para atender sus necesidades en los mercados de consumo. Ya no sólo se trata de que salga agua de la canilla en cantidades razonables sino ahora también de que el balde tenga la menor cantidad de agujeros posible. Es la defensa del salario por otros medios.
Al Comentarista le parece que el ruido viene por este lado. Le parece encontrar una pequeña diferencia aunque bastante significativa. Es que si bien en la Justicia del Trabajo se dirimen cuestiones de derecho individual, la cosa no queda ahí. Porque en esa Justicia se tratan además cuestiones de derecho colectivo, donde se inscribe la acción de los sindicatos de trabajadores.
Por su parte, en la flamante Justicia del Consumo prevalecería el derecho individual del consumidor individual y la colectivización de los conflictos y de los fallos quedaría en manos de los jueces (con la aplicación del daño punitivo). Esto vendría a suplir una ausencia de parte, habida cuenta la inexistencia de organizaciones sociales equivalentes a los sindicatos de trabajadores con la legitimidad suficiente para representar fehacientemente a consumidores y usuarios. Pero no sería suficiente para atacar y corregir las malas prácticas estructurales que si se abordan individualmente equivale a matar hormigas a martillazos.
Ausencia de parte, porque no creamos que podemos llamar “organización” a un puñado de ONG’s que ofician de Defensores de pobres, ausentes, menores e incapaces, con una representación difusa, interponiéndose de facto entre el Estado o las empresas y una multitud sin nombre o bien de individuos atomizados. Una representación de baja intensidad con una legitimación limitada, provista “artificialmente” por el Estado, más que por la realidad.
Por otra parte, tampoco alcanza con un Estado que asuma la defensa del más débil en la relación de consumo, porque esto puede desvanecerse con un mero cambio de gobierno y orientación política, como sucedió a partir de 1955 cuando dejó de haber un gobierno dispuesto a hacer respetar los derechos laborales.
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